El 23 de febrero Puebla fue sobresaltada al enterarse del asesinato de 3 estudiantes universitarios y un conductor de Uber, si bien el contexto de violencia nos ha tenido al punto de perder la capacidad de asombro, este caso marcó una diferencia importante, al tratarse de un crimen que trastocó a una comunidad solidaria, con sentido crítico y capacidad de organización: los estudiantes.
Tocamos fondo como sociedad, pero sobretodo nuestras instituciones de procuración de justicia y seguridad. Ante ello retomo un fragmento de la columna de Eduardo Guerrero del 9 de marzo en el periódico El Financiero: “En México no hay paz por la sencilla razón de que no hay justicia”.
La exigencia de seguridad y justicia consiguió el respaldo de distintos actores sociales y logró que el tema llegará a la cúspide de la opinión pública. Tras finalizar la marcha del 5 de marzo toco el turno de canalizar las exigencias al gobernador del estado. Habría que preguntarnos ¿se analizaron y discutieron suficientemente el tipo de exigencias que se harían?, mi apreciación es que no lo suficiente. Una representación de alumnos fue la encargada de fungir como vaso comunicante con el gobernador para plantear las demandas, y al final ¿cuál fue el acuerdo más relevante? la creación de una fiscalía especializada para la comunidad universitaria.
Aquí es donde surgen los cuestionamientos, ¿esa fiscalía es una solución viable?, ¿los representantes universitarios cuestionaron la propuesta?, ¿significará el fin de la impunidad?. Necesitamos encarar este problema considerando que los alcances deben ser en base a resultados cuantificables y no únicamente en buenas intenciones.
Tomando en cuenta la literatura académica existente la valoración es que la creación de fiscalías especializadas parte de atender y especializarse en la atención de delitos específicos y no de atender a grupos poblacionales (para ello existen comisiones ejecutivas de atención a víctimas) y en ello profundizare el resto del texto.
Los especialistas advierten de entrada los siguientes argumentos en contra:
-significan cotos burocráticos
-dificultan la colaboración dentro de la fiscalía y
-generan disputas con otras fiscalías especializadas por peritos, agentes del MP o policías
De fondo considero que la falla de origen radica en una mala concepción conceptual de por qué crear la fiscalía. Ahora ¿ya hubo un debate entre la comunidad universitaria, la academia poblana y la opinión pública respecto a la propuesta?. Podríamos no acabar de discutir el qué y ya estar considerando el cómo, daré unos ejemplos.
¿Cómo será el diseño institucional?, ¿con cuánto presupuesto contara? Está documentado que en la creación de fiscalías especializadas como las de feminicidio en estados como la Ciudad de México o Veracruz nacieron sin presupuesto, ¿cómo se procesará la selección y designación del fiscal especial?, son solo pequeños aspectos que no han tenido eco, y que representan la parte medular.
Algunos dirán, pero ¡oye Arturo!, estas siendo muy pesimista, ¡intentas degradar el esfuerzo estudiantil y poner en tela de juicio los alcances!, pero no es así, lo único que intento es poner el énfasis en un tema que me parece crucial para que podamos acceder a nuestro derecho a la justicia, y lo argumentare.
La mejor referencia de expertos la encontré en las conclusiones de un seminario internacional organizado por el colectivo #FiscalíaQueSirva titulado “La fiscalía que México necesita”. De modo general el documento es sumamente sugerente y al final adjuntaré el link para su consulta. Me concentraré en resumir para ustedes las consideraciones más importantes de la mesa número 7 que compara y analiza el papel de las fiscalías especializadas:
1 “Con la sola creación de una fiscalía especializada no resolvemos ningún problema. De hecho, algunas de ellas sirven para invisibilizar algunos problemas”.
2 ¿Por qué se toma la decisión de crear una fiscalía especializada?
Porque hay una respuesta institucional de concentrar los esfuerzos en un determinado tipo de criminalidad.
3 Consideración de sus problemas de mandato: delitos de su competencia o retardos injustificados al momento de determinarlos.
4 Problemas de diseño: ¿tendrá una dinámica de atención a víctimas o investigará?, modo de investigación ¿por caso o sistémico?, rotación de personal y manuales.
5 Problemas de actuación: nivel de efectividad en la resolución de casos, evaluación de resultados para justificar presupuesto, capacidad de investigación, mecanismos de control-sanción y transparencia.
Finalmente además de los aspectos técnicos y operativos, hablamos de una cuestión política frente a un problema coyuntural, por ello es indispensable que desde la sociedad civil no se quite el dedo del renglón y se cuestione, se analice y se tenga una vocación propositiva, de otro modo únicamente tendremos un elefante blanco que no servirá de nada.
@ArturoCastus
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