Vivimos tiempos de la ignominia, desearía no hablar de lo malo, pero parafraseando al filósofo Pena Nieto “Las cosas malas cuentan y cuentan mucho”. El problema de la procuración de Justicia en México expuesto en el informe ejecutivo que realizo el CIDE, el Instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM y mexicanos contra la corrupción y la impunidad a petición de la procuraduría general, y las dos cámaras legislativas es señal concisa de la mala implementación y transición hacia un modelo de justicia oral.
En una coyuntura política que además es un desorden jurídico, la clase política están en la responsabilidad de otorgar autonomía a la PGR y convertirla en Fiscalía General, con un fiscal con autonomía plena, con presupuesto que garantice autonomía técnica y operativa, que además tendrá disposiciones superiores sobre el Fiscal Anticorrupción, la encomienda se antoja difícil si volteamos a ver el reciente caso del hoy Ex fiscal Santiago Nieto o el intento por dejar el artículo transitorio que daba el paso automático a Raúl Cervantes como nuevo Fiscal General. Queda en evidencia el histórico beneficio político que emana de la procuración de justicia, que solo ha sido funcional al grupo en el poder.
En las aproximadamente 50 páginas que tiene el informe que me propongo resumir se toma en cuenta un análisis multidisciplinario de académicos, servidores públicos, personal judicial, activistas de derechos humanos y sociedad civil que plantea la paupérrima procuración y aplicación de justicia en México.
El recorrido de penuria cita: procuradurías sin autonomía, debilidad o inexistencia del servicio profesional de carrera, deficiencia en la atención a víctimas del delito, no reparación del daño. Aunado a ello se centra especial atención en propuestas y recomendaciones en el área de investigación criminal que conduzca a mejores procesos donde las trabas burocráticas no sean obstáculo, donde las carpetas de investigación no estén contaminadas de información basura o se elimine la sencilla practica del ir y venir de oficios y fotocopias.
Probablemente parezca un texto sobre procesos penales (lo es en parte), se debe tomar en cuenta las recomendaciones expuestas, la proposición es lograr el anhelado círculo virtuoso que integre una política criminal con
“Prevención Parcial” (educación, salud, desarrollo económico y social)
“Prevención específica” (inteligencia crimina y disuasión del delito)
“Procuración de justicia” (ministerios públicos y fiscalías)
“Impartición de justicia” (salidas alternas y procesos penales) y
“Sanción” (sistema penitenciario)
Recae en voluntad política realizar los cambios pertinentes, así como la necesidad de ejercer una administración eficiente y bien definida de la procuración e impartición de justicia, de ahí la pertinencia de la máxima porfiriana rectificada “mucha administración, poca política”.
Políticamente, además de buenas asignaciones presupuestales o la consolidación del servicio profesional de carrera, los gobiernos deben respetar los procesos legítimos de designación de fiscales pues es aquí donde raya el problema de corrupción e impunidad desde los órganos legislativos de designación.
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