De un momento a otro, el Covid-19 tomo de tajo el centro de la atención mediática a nivel internacional y local, en nuestro contexto relego a temas como la inseguridad, la corrupción o el movimiento feminista nacional.
De igual forma ha puesto en evidencia la pertinencia de un análisis sobre las fortalezas y debilidades de los sistemas de salud del mundo, como por ejemplo el caso de la República Popular China que se encauza a tener un término medio entre servicios de salud pública y los seguros privados comerciales o el caso estadunidense donde predomina el sector privado sobre el público.
En nuestro país, la pandemia se presentó en el momento más inoportuno, justo cuando se intenta reconfigurar nuestro sistema nacional de salud; por ejemplo, la compra consolidada de medicamentos y la puesta en marcha del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI). En síntesis, se pretende rehacer un sistema que llevaba décadas siendo saqueado y mermado, y que no podría fortalecerse de la noche a la mañana.
Es por ello que la emergencia sanitaria hace irrebatible la necesidad de desmantelar la corrupción en el sector, debido a que históricamente se nos ha hecho creer que el grueso de la corrupción estaba en el sector de obra pública, lo cual es totalmente falso; en cálculos conservadores tan solo en la falsificación de facturas se ha logrado identificar desvíos por más de 4 mil 100 millones de pesos.
El más reciente estudio de la Organización Impunidad Cero “Facturas falsas: la epidemia en el sector salud”, nos pone es perspectiva cual es el sistema que hoy tiene la responsabilidad de hacer frente al coronavirus, y que en hechos concretos ha representado que cada peso desviado privo a millones de personas de recibir un servicio, un bien o contar con unhospital de calidad.
La investigación documenta el mecanismo de emisión de facturas falsas por empresas fantasma, pero ¿qué es una empresa fantasma? se trata de empresas con existencia legal, pero con operaciones simuladas apelando a la definición de la indagación. Básicamente se simula la venta de bienes o prestación de servicios.
El estudio documenta la existencia de 22,933 facturas falsas que ponen de relieve la complicidad y encubrimiento de servidores públicos de todos los niveles, como por ejemplo, directores o subsecretarios encargados de los procedimientos de licitación de compras públicas, personal de almacenes responsable de recibir bienes y llevar control de los mismos, burócratas financieros encargados de ejecutar los pagos y los órganos internos de control actuando en total omisión.
Una de las partes más sustanciales se encuentra en la identificación de los entes públicos que hicieron mayor uso de facturas apócrifas, con qué empresas las efectuaron, que tiempo operaron y los montos desviados. Los mayores responsables a la luz del análisis cuantitativo y cualitativo son los Organismos Públicos Descentralizados de Salud encargados de operar la mayoría de hospitales en cada entidad federativa.
Para el caso de Puebla, de enero de 2014 a diciembre de 2018 se documentó un desvío de $124,179,135 millones de pesos por parte de los Servicios de Salud.
“Si las facturas falsas fueran una enfermedad, el sistema de salud estaría padeciendo una epidemia” ante eso es oportuno retomar no solo las fallas del sistema sino sus causas; tenemos una compleja estructura y organización de nuestras instituciones de salud, y cada una encarna una gestión administrativa llena de opacidad.
Cada institución realiza recorridos distintos en el uso de recursos públicos, lo que entorpece ubicar el origen y aplicación de los mismos. En este sentido el INSABI deberá probar que es un paso en positivo al recentralizar este proceso.
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